Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.

Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos

Artículo publicado en La Vanguardia (Barcelona), el día 14 de septiembre de 2005.

En cualquier momento puede llegar la noticia de que el ex dictador chileno Augusto Pinochet ha entrado en coma o ha fallecido ya. Con sus 89 años y una salud deteriorada, cualquier ser humano en situación similar está directamente amenazado por un súbito colapso final. Pero, en este caso concreto, hay algo que ineludiblemente debe adelantarse a ese final biológico: el final jurídico. El ajuste de sus deudas con la justicia.

La justicia chilena ha demostrado ser capaz de procesar a Pinochet –ya lo ha hecho dos veces–, y ha probado su capacidad para privarle repetidamente de su inmunidad –ya lo ha hecho varias veces más–. Pero, sobre todo, la justicia chilena viene demostrando algo que ya ha quedado flagrantemente evidenciado en los cinco últimos años: su penosa, absoluta y radical incapacidad para dar el paso siguiente, es decir, someter al viejo general a juicio y condena por sus crímenes, que ya todo el mundo conoce,  pero que muchos parecen asumir como imposibles de castigar.

Sin embargo, lo que la sociedad chilena necesita, más aún, lo que la humanidad exige en el caso Pinochet, que a todos nos afecta, es una ejemplar sentencia histórica, condenatoria del viejo general. Por su edad no pedimos para él la cárcel que tanto mereció. Pedimos algo mucho más importante y mucho más necesario: una sentencia justa, minuciosa, descarnada, que salde rigurosamente la inmensa deuda contraída con las víctimas de sus asesinatos y sus atroces torturas. Una sentencia memorable que recoja en sus considerandos y resultandos todos los horrores ordenados, controlados y prote­gidos por quien alardeaba diciendo: “En Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa”.

Se necesita una sentencia de adecuada magnitud, que nos permita, a la colectividad humana, sentirnos defendidos frente a aquellos sujetos, de cualquier país, raza o creencia, dispuestos a fabricar y mantener en funcionamiento una maquinaria aniquiladota de la dignidad humana, capaz de, entre otras cosas, introducir ratas vivas en el sexo de una mujer, y de hacerla mantener relaciones sexuales con su padre y con su hermano, por citar uno de los miles de casos denunciados. Ahí están, para vergüenza de la condición humana, los 28.000 casos registrados y avalados por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, dirigida por monseñor Valech. Maquinaria capaz, igualmente, de crear el instru­mento legal (autoamnistía) con el que se pretendió garantizar la impunidad de quienes así actuaron.

Por todo ello, nos urgen esas dos sentencias imprescindibles. La primera y principal, por sus crímenes, secuestros y torturas. La segunda, por sus refinados latrocinios: fraude fiscal, falsificación de documentos, utilización de diez nombres falsos, evasión de capitales a 125 cuentas secretas en el extranjero (según precisa el correspondiente informe del Senado norteamericano). Aunque tales delitos, todos juntos, no sean comparables en gravedad a una sola sesión de tortura contra un solo ser humano, aun así, para constancia de la posteridad, resulta justo y necesario añadir judicialmente el pringue económico a la sangrienta criminalidad. Como alguien ha dicho: “Conocieron  sus crímenes, pero creyeron en su honradez”. Ahora, a los crímenes de lesa humanidad se une la más astuta rapacidad. Que quede, pues, para la Historia, constancia judicial de la catadura del personaje en todos sus aspectos. Pero que se haga ya. O, de lo contrario, el pájaro –y qué pájaro– volará sin haber sido condenado jamás.

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