Autor: Prudencio García Martínez de Murguía.

Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos

Artículo publicado en La Vanguardia, el día 28 de mayo de 2008.

Como se ha dicho estos días en la Unión Europea, la repugnante actuación del gobierno militar de Myanmar, antigua Birmania, negando o dificultando al máximo la entrada de ayudas y personal técnico y de la cooperación internacional, sólo puede calificarse de criminal. El impedir el acceso de los envíos y de las organizaciones dispuestas a colaborar activa y eficazmente en las arduas tareas de ayuda a los millones de personas que, habiendo perdido su hogar y sus seres queridos, mueren de hambre, falta de agua potable, de alimentos, de medicación y de todo tipo de ayudas materiales y psicológicas como resultado del terrible huracán que arrasó aquellas tierras pocas semanas atrás, constituye una trágica realidad.

Se trata, en efecto, de uno de los más descriptivos ejemplos de la vileza de un régimen dictatorial que antepone brutalmente sus supuestos intereses de “defensa preventiva” (paranoico rechazo de toda presencia extranjera), con absoluto desprecio a la masiva, inmensa y trágica necesidad de sus propios súbditos, que se ven privados de la ayuda que angustiosamente necesitan. Se trata en otras palabras –como se ha dicho– de un posible “genocidio por omisión”, cuya gravedad puede situarse en el terreno de los crímenes de lesa humanidad.

Ello da pie, una vez más, a que la ONU sea acusada de inoperante e inútil, por no ser capaz de impedir estos horrores, y por no imponer a determinados gobiernos el cumplimiento de las normas básicas, propias de un Estado civilizado y solidario, digno de formar parte de la comunidad internacional. Es decir, de la comunidad humana en definitiva.

Se dice que la ONU es débil, y es verdad. En efecto, su carencia de un poderoso aparato militar propio y permanente, sometido a sus órdenes directas, que pudiera permitirle imponer por la fuerza, en caso necesario, las necesarias soluciones humanitarias en cualquier crisis internacional, lleva consigo inevitablemente una considerable debilidad. Pero no es una debilidad cualquiera: es la debilidad inherente a todo aquél cuya fuerza no es física sino jurídica y moral. Y la simple fuerza moral y jurídica –según comprobamos una vez más en la presente crisis– puede verse atropellada por poderes sin escrúpulos, capaces de imponer su propia barbarie al margen de la moral y en contra de la solidaridad humana más elemental.

En vista de ello, no resulta extraño que en los ámbitos centrales de la Unión Europea empiecen a alzarse voces señalando la posibilidad de denunciar la criminal conducta de la dictadura birmana ante el Tribunal Penal Internacional.

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